La estructura de gobernanza climática internacional se encuentra en crisis. Construida tras tres décadas de negociaciones, ahora parece carecer de la capacidad para alcanzar muchos de sus objetivos y cumplir con sus obligaciones legales. Las decisiones en la CMNUCC siempre han estado en manos de los negociadores climáticos, y la exclusión de otros actores se ha justificado como un “proceso impulsado por los partidos”.

Las opiniones consultivas de la CIJ, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han aclarado que los Estados tienen obligaciones en virtud del derecho vigente y que los daños causados ​​por el cambio climático deben repararse. Sin embargo, los Estados no son un ente inerte que disipe los errores humanos o las malas acciones, sino que están representados por funcionarios públicos que tienen cierta responsabilidad.