La gobernanza climática internacional atraviesa un momento decisivo. Las tensiones entre intereses económicos, presiones geopolíticas y la necesidad de respuestas justas frente a la crisis climática han puesto en evidencia la fragilidad de los espacios multilaterales. En este contexto, más de 250 académicos y juristas del mundo aseguran que eliminar los combustibles fósiles es una obligación legal y no solo ambiental. La carta abierta que exige mayor transparencia, integridad y protección de derechos humanos en los procesos globales de toma de decisiones climáticas.

La Ruta del Clima respalda este llamado. Nuestro director, Adrián Martínez Blanco, figura entre las personas firmantes del documento, en coherencia con el compromiso institucional de promover una gobernanza climática basada en derechos humanos participación pública y justicia climática.

La Acción Climática es una Obligación Legal

La carta abierta sostiene que los Estados tienen obligaciones jurídicas claras y vinculantes de eliminar progresivamente los combustibles fósiles, derivadas del derecho internacional consuetudinario, los tratados climáticos, el derecho de los derechos humanos y el derecho del mar. Según el documento, la Corte Internacional de Justicia ha afirmado que los Estados deben “emplear todos los medios a su alcance para prevenir daños significativos al sistema climático”, lo que incluye reducir la producción, consumo, financiamiento y licencias relacionadas con petróleo, gas y carbón. La evidencia científica citada —incluyendo informes del IPCC— confirma que los combustibles fósiles son responsables de casi el 90% de las emisiones acumuladas de CO₂, lo que convierte su eliminación en un requisito tanto científico como legal.

El texto también enfatiza que la protección de los derechos humanos exige abandonar los combustibles fósiles, dado que el cambio climático afecta directamente el derecho a un ambiente sano y otros derechos fundamentales. La carta explica que los Estados deben regular de manera efectiva a actores públicos y privados para evitar daños previsibles, y que el derecho del mar obliga a reducir rápidamente las emisiones que contaminan el ambiente marino. Además, subraya que los Estados deben priorizar medidas capaces de reducir emisiones en su origen, evitando depender de tecnologías especulativas o riesgosas, y realizar evaluaciones de impacto ambiental, social y de derechos humanos que incluyan las emisiones de alcance 3.

Finalmente, la carta afirma que los Estados enfrentan responsabilidad internacional si no regulan adecuadamente a la industria fósil o si continúan apoyando su expansión. Destaca que las obligaciones climáticas son erga omnes —debidas a toda la comunidad internacional— y deben prevalecer sobre intereses particulares, como los de inversionistas extranjeros. También señala que los países con mayores responsabilidades históricas y capacidades deben adoptar medidas más ambiciosas y apoyar financieramente a los países en desarrollo para una transición justa. La carta concluye que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es jurídicamente requerida, científicamente necesaria y socialmente beneficiosa, y que la Conferencia de Santa Marta representa una oportunidad crucial para avanzar en cooperación internacional hacia ese objetivo.

Por qué este llamado importa para América Latina

Para nuestra región, donde los impactos climáticos se intensifican y las desigualdades estructurales profundizan la vulnerabilidad, la defensa de espacios democráticos y participativos es esencial. La carta coincide con preocupaciones ampliamente compartidas por organizaciones latinoamericanas:

• la necesidad de proteger a personas defensoras del ambiente,
• la urgencia de garantizar participación pública efectiva,
• y la importancia de que las decisiones climáticas respondan a realidades territoriales y no solo a intereses económicos.

La firma de nuestro director se enmarca en este compromiso regional: elevar la voz de quienes históricamente han sido marginados de los procesos de gobernanza climática.

Coherencia con nuestra misión institucional

Coherencia con nuestra misión institucional

Desde su fundación, La Ruta del Clima ha trabajado para fortalecer la participación ciudadana y promover la justicia climática como eje de la acción pública. Respaldar esta carta es una extensión natural de esa misión. El documento refleja valores que hemos defendido de manera consistente:

– transparencia en la toma de decisiones, 
– protección de derechos humanos, 
– participación pública significativa, 
– y coherencia ética en los espacios internacionales.

Un llamado a la comunidad internacional

La carta no es solo una advertencia: es una invitación a corregir el rumbo. A reconocer que la legitimidad de los procesos climáticos depende de su apertura, su integridad y su capacidad de escuchar a quienes viven los impactos en carne propia.

Como organización, reiteramos nuestro compromiso con una gobernanza climática que ponga en el centro a las personas y a los territorios.

La crisis climática exige decisiones valientes, pero también procesos justos. No podemos permitir que la urgencia se convierta en excusa para debilitar derechos ni para cerrar espacios de participación. La acción climática solo será efectiva si es también democrática.