En el contexto actual de la crisis climática, las comunidades urbanas marginalizadas en el sur global enfrentan desafíos significativos en relación con daños y pérdidas en materia de salud pública. Las consecuencias del cambio climático han emergido como uno de los principales obstáculos para el disfrute pleno de los derechos humanos y el bienestar de estas comunidades. Es crucial reconocer que, en este escenario, la respuesta internacional debe ser tanto estructural como justa, adoptando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, así como considerar las capacidades respectivas de cada nación.

La gobernanza climática internacional, representada por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), ha dejado al descubierto fallos significativos en su compromiso de mitigar los efectos adversos del cambio climático. Esta falta de acción se vuelve aún más evidente al observar la incapacidad de los Estados respecto a ofrecer respuestas adecuadas a los daños graves o irreversibles que estas comunidades marginadas están experimentando. A pesar de ser el tercer pilar fundamental del Acuerdo de París, el artículo 8 referente a daños y pérdidas, no proporciona una respuesta sistemática, justa ni respaldada financieramente, poniendo en peligro los derechos humanos de millones de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad.