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Escazú es Democracia Ambiental

El Acuerdo de Escazú representa un paso en firme hacia la democracia ambiental, ya que consolida el derecho de las personas a participar en las decisiones que afectan su ambiente, desarrollo y bienestar. La Campaña Escazú Ahora – Costa Rica, Fridays For Future Costa Rica, Red de Juventudes y Cambio Climático, Asociación Green Wolf Costa Rica, y la Asociación La Ruta del Clima enviaron un mensaje en conjuto a la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

La participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la información ambiental, y acceso a la justicia en asuntos ambientales son Derechos Humanos


El Acuerdo de Escazú es un instrumento que promete crear parámetros comunes en la región para reducir conflictos ambientales y las violaciones de derechos humanos. Es un elemento clave para el cumplimiento de las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y paz.

Debemos tener presente que nuestra región es una de las más peligrosas del mundo a raíz de la violencia por conflictos ambientales. Es de especial consideración que en los últimos años Costa Rica no ha sido excluida de estos sucesos indignos[1]. El asesinato de defensoras(es) de los derechos de la naturaleza y la violación de Derechos Humanos es una amenaza para la paz regional.

El Acuerdo de Escazú es la culminación de un proceso de democratización y justicia que se inició con la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río (1992) sobre la participación del público en las decisiones ambientales, justicia ambiental y acceso a información. En ese sentido, se afirmó que el “mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”[2].

El Acuerdo de Escazú alinea a nuestro país y a todo América Latina y el Caribe con los estándares de protección, disfrute y gobernanza de derechos humanos y ambientales existentes en otras regiones, como la Convención de Aarhus que fue ratificada en 1998 y que emana directamente del Principio 10 de la Declaración de Río [3].


El Acuerdo de Escazú representa la idiosincrasia costarricense al promover la democracia y los derechos humanos.

Costa Rica sostuvo la copresidencia del proceso de negociación y nuestra Cancillería afirmó que “la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo” [4].

El Acuerdo de Escazú fue negociado con participación del público y representa un logro para la gobernanza ambiental latinoamericana demostrando la cohesión y congruencia de la región en torno a los derechos humanos. Luego de 22 años de la declaración de Río, la ratificación del Acuerdo de Escazú es una deuda con los derechos de las personas y la protección del ambiente

Recientemente, Argentina se volvió el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú lo cual hace que solo falte un país más para que este acuerdo entre en vigor. Un acuerdo que ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe[5].


Nuestra posición:

En vista de lo anterior, hacemos un llamado respetuoso para que se proceda a la pronta votación y ratificación del Acuerdo de Escazú. Reconocemos la importancia regional y para Costa Rica de este tratado, el cual establece los parámetros mínimos de una democracia ambiental respetuosa de los Derechos Humanos y el desarrollo sostenible.

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