Latinoamérica

Costa Rica: Cambio Climático y el Ambiente en Desequilibrio

El Cambio Climático es de los temas con que Costa Rica se ha posicionado en el mundo, al declarar su intención de ser Carbono Neutral 2021. Lo hemos tenido en agenda nacional desde que la “Iniciativa Paz con la Naturaleza” se declaró de interés público por el acuerdo presidencial 042-MP, que se emitió en el 2006. Ha sido y sigue siendo el punto de referencia que tiene el país en el ámbito internacional, y en específico en lo relacionado con las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

En base a esa coyuntura histórica y política inicial, se han ido elaboraron acuerdos como el Acuerdo -36-2012 – MINAET que establece la estructura del proceso del “Programa País Carbono Neutralidad, y políticas públicas como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el respectivo Plan de Acción. Este marco institucional ha sido la respuesta que el Gobierno de Costa Rica le ha dado a una de las mayores crisis socio-ambientales que ha afrontado la humanidad.

Si hablamos de ambiente y sociedad busquemos su fuente en la normativa. La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 50 realiza dos funciones que resultan esenciales para la gobernanza socio-ambiental. En primer instancia, establece una relación directa entre la salud de la persona, su ambiente y los ecosistemas.  Esto nos lleva a dar los primeros pasos desde la visión dualista de la sociedad vs la naturaleza, hacia una integración de estos conceptos en visiones como la “socionaturaleza”. Nos forzamos a reconocer la interacción y unión de los sistemas humanos con los naturales. Esto es precisamente uno de los puntos claves para poder comprender la responsabilidad y el rol que tienen las personas en los procesos de toma de decisión en torno al cambio climático. En un segundo punto,  el artículo genera un derecho – obligación para el ciudadano y  el Estado de crear un equilibrio en estas interacciones que resguarde el bienestar.  

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La crisis que generó el incremento desmedido y sin precedentes de gases de efecto invernadero en la atmósfera, causado significativamente por los combustibles fósiles, es el ejemplo más transversal de una falta de equilibrio que afecta directamente el bienestar socioambiental, y cuya manifestación planetaria es el cambio climático. La Ley Orgánica del Ambiente tiene por objeto ser la herramienta de la ciudadanía y del Estado para crear o en este caso re-establecer el ambiente sano y ecológicamente equilibrado al cual tenemos derecho.

En específico, la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica regula directamente la causa del cambio climático. Esto es importante mencionarlo, ya que usualmente este tema es relegado a la Ley 7414 que es la de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático(CMNUCC), por medio de la cual se reconoce el proceso de gobernanza internacional sobre este tema y la validez o relevancia de los acuerdos o pautas ahí decididos. Sin embargo, no debemos dejar de lado que integrado a la principal norma ambiental del país, está la reducción y control de las causas del cambio climático. Por ende es evidente que  esto debe ser integrado a la tutela interna e inmediata de las instancias nacionales, inclusive la judicial.

De manera un poco pionera por la época en la que fue redactada, la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica, en su Artículo 49 nos habla del aire, y como este requiere de la tutela del Estado, ya que es patrimonio común. Nos dice que no debe usarse de tal forma que lesione los intereses generales de los habitantes. En otras palabras que las actividades que realizamos al involucrar el aire o en un sentido más preciso la atmósfera, no pongan en peligro el bien común.

Consideremos que Costa Rica es un país per se vulnerable y que fenómenos como el cambio climático vienen a sumarse a otras amenazas pre-existentes. Este hecho debe dictar la urgencia de una respuesta y la seriedad al considerar las posibles implicaciones negativas de este tema respecto a los objetos que tutela el ordenamiento jurídico. Según un estudio del Banco Mundial denominado “Natural Disaster Hot Spot”, el país es considerado el segundo más expuesto a 3 o más peligros. Un 36,8% de la superficie está expuesta a 3 o más eventos naturales peligrosos y es el número 9 en cuanto a la posibilidad de sufrir perdidas económicas al estar expuesto a 2 o mas peligros. (The World Bank, 2005).

Cuando hablamos de los efectos que va tener el cambio climático en los ecosistemas y en específico en los servicios que como sociedad recibimos de ellos, nos referimos a una afectación a los intereses de la comunidad. Más aún, cuando hablamos de poner en riesgo la disponibilidad de agua; incrementar el riesgo de eventos climáticos extremos; sufrir una perdida significativa de nuestras costas por el incremento del nivel del mar; incremento en la perdida de biodiversidad; peligro en el desarrollo agropecuario; amenazas a la infraestructura o causar un cambio drástico del clima en nuestra comunidad en los próximos 100 años; lo que debemos empezar a hacer es cuestionar la viabilidad de la existencia de nuestra comunidad y de los ecosistemas en su estado actual. Todos estos son posibles efectos que están documentados y las autoridades de gobierno saben que ocurrirán en distintos grados según los escenarios  proyectados. Es en base de esta realidad que nuestros funcionarios negocian con otros países en las Conferencias de las Partes de la CMNUCC. Sin embargo, ¿es en base a esta realidad que nuestros funcionarios públicos y la ciudadanía está actuando a nivel nacional? Es importante que todos tengamos la misma agenda, prioridades y reconozcamos los límites ecológicos con los que estamos chocando.

Unas infografias interesantes para poder ilustrar estas amenazas la podemos encontrar acá: http://tcktcktck.org/maps/maps/maps.html o http://www.cgdev.org/page/mapping-impacts-climate-change

Es curioso mencionar  que desde 1995, cuando entró en vigor la Ley Orgánica del Ambiente en el artículo 49 letra b) se dispuso que “Las emisiones directas o indirectas, visibles o invisibles, de contaminantes atmosféricos, particularmente los gases de efecto invernadero y los que afecten la capa de ozono, deben reducirse y controlarse, de manera que se asegure la buena calidad del aire.”  El ordenamiento costarricense desde hace veinte años y aún antes de que el Poder Ejecutivo tomara como referente la Carbono Neutralidad, tenía como obligación reducir y controlar los gases de efecto invernadero que generan la crisis socio-ambiental que denominamos como Cambio Climático.

Es un hecho que la CMNUCC por medio de las Conferencias de las Partes que ocurren anualmente sigue en la búsqueda de un acuerdo o solución significativa hacia el cambio climático, como la ha hecho por los pasados 21 años. Curiosamente, nuestra normativa hace 20 años estableció el mandato legal de reducir o controlar los gases de efecto invernadero. Actualmente, algunas personas discuten si es real la meta de la carbono neutralidad en el 2021 o si fue un compromiso impulsivo.

Sin embargo, ¿Qué tan relevante es este cuestiona-miento si siempre ha sido un mandato legal  reducirlos? Mas aún, ¿estamos haciendo la pregunta correcta? Los gases de efecto invernadero (GEI) generan un daño ambiental y atentan contra el derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, ¿Porque seguimos emitiéndolos? o ¿Cuando vamos a parar de hacerlo?

El pasar de una visión en donde la gestión de los GEI es solo parte de un compromiso país o de una herramienta de política internacional a un mandato legal es un cambio significativo. Debemos empezar a cuestionar la efectividad y la pertinencia de las medidas tomadas desde la perspectiva ciudadana. Es insuficiente hablar sobre el cambio climático desde el enfoque de la carbono neutralidad y la viabilidad de ejecutar esta tarea manteniendo un clima de negocios. Es necesario abrir el espacio y dimensionar-lo desde la perspectiva ciudadana, y en específico desde los derechos humanos y constitucionales.

Es evidente que la amenaza es significativa; que se ha consumado un daño ambiental;  que tenemos las herramientas legales; y que por ende podemos re-establecer el equilibrio. Pero la siguiente pregunta sería: ¿Éste proceso bajo qué intereses se guía y qué urgencia marca su desarrollo?

Este no es solo un tema de cambiar el “modelo de desarrollo hacia uno bajo en emisiones” sino también de resguardar la salud humana y el equilibrio ecosistemico.  Es importante recalcar que el daño ambiental que se ha ocasionado al cambiar la composición de la atmósfera, es un posible delito de carácter social, cultural, económico y ético. Empresas como personas están afectando la base de nuestra sociedad; y poniendo en peligro la forma de vida de las comunidades, atentando contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras; y afectando la viabilidad de la producción nacional, al haber realizado y consciente-mente continuar realizando actividades que liberan GEI, como lo es utilizar combustibles fósiles. El cambio climático no es un tema solo de política internacional sino un objeto de tutela legal.

Otras preguntas emergen ante esta disyuntiva de ignorar nuestra conducta o proteger nuestro bienestar son por ejemplo: ¿Como se aplicará el principio de que quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable para esta temática? Siendo que actualmente hay partes que generan lucro con actividades que dependen de liberar GEI,  poniendo en peligro la salud y el ambiente; y ¿hasta que punto podemos darles el derecho de cambiar negativamente el clima de las futuras generaciones?

¿Porque continuamos utilizando combustibles fósiles sin un plan de transición teniendo los estudios científicos que constatan el daño ambiental que ocasionan? Es tal vez el momento de dirigirnos hacia el desuso planificado de combustibles fósiles, o sino bajo que sustento legal continuamos una práctica que está extensamente reconocida por destruir las bases de nuestra sociedad al generar daño ambiental.

Autor:

Adrián Martinez Blanco

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