Costa Rica en Retroceso a la COP27
En sus primeros cinco meses como Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles ha trabajado para diferenciarse de administraciones anteriores. El mandato de Chaves se ha caracterizado por ataques a la prensa, posturas polarizadas sobre la atención de la pandemia por COVID-19. Más recientemente, planteó la posibilidad de acabar con la democracia en Costa Rica. Dirigiéndose a los representantes de la Asamblea Nacional, Chaves dijo lo siguiente:
“Si a nosotros se nos viene una crisis como la que vivió el país en 1980, en las circunstancias en las que estamos, porque no sabemos manejar nuestra macroeconomía, yo no le garantizo a nadie que nuestros hijos van a tener democracia”.
El nuevo presidente también ha adoptado posiciones preocupantes en cuestiones ambientales. Chaves ha actuado para deshacer el plan de un tren eléctrico de alta velocidad de varias líneas en la Gran Área Metropolitana (GAM) y se ha opuesto abiertamente al Acuerdo de Escazú. Su administración ha coqueteado con la posibilidad de la exploración de gas natural, se ha entretenido en traer de vuelta la pesca de arrastre y ha propuesto hacer cambios significativos en la estructura del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Costa Rica ha sido considerada durante mucho tiempo como un líder ambiental en la escena mundial. A medida que nos acercamos a la Conferencia sobre el Clima de la ONU de este año en Egipto, está claro que Costa Rica se dirige hacia un período de retroceso en materia de política climática, poniendo en peligro su reputación internacional.
Tren descarrilado
En 2019, Costa Rica publicó su Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050. Un componente clave para descarbonizar el sector del transporte de Costa Rica es la construcción de un tren eléctrico en la GAM. El plan establece que el tren de pasajeros estará en funcionamiento en 2035 y el Fondo Verde para el Clima ofreció a Costa Rica financiamiento por un monto de 271,3 millones de dólares.
Durante la campaña, Chaves afirmó su apoyo a la creación de un sistema ferroviario moderno, pero no apoyó el plan de la administración anterior para sacar adelante el proyecto del tren. Una vez en el cargo, Chaves desmanteló la autoridad ejecutiva que supervisaba la construcción del tren e informó que propondrá un nuevo plan basado en la propuesta del ex presidente Luis Guillermo Solís, que tendrá una sola línea y será de una escala mucho menor.
¿Combustibles fósiles en el futuro?
Costa Rica ha sido un líder mundial en la eliminación gradual de los combustibles fósiles. La moratoria a la exploración de petróleo y gas comenzó en 2002 con el presidente Abel Pacheco y se prolongó hasta 2050 en 2014 con el presidente Luis Guillermo Solís. La administración anterior apoyó una ley para prohibir permanentemente la exploración de petróleo y gas, pero el Parlamento Costarricense acabó rechazándola.
En la conferencia sobre el clima celebrada el año pasado en Glasgow, Costa Rica se asoció con Dinamarca para lanzar la Alianza Más allá del Petróleo y el Gas (BOGA, por sus siglas en inglés), una coalición internacional de gobiernos y partes interesadas que trabajan juntos para facilitar la eliminación gradual gestionada de la producción de petróleo y gas y elevar el diálogo en torno a la eliminación gradual de los combustibles fósiles en las negociaciones. La alianza representa un paso adelante para un cambio fundamental.
Mientras Costa Rica sigue copresidiendo BOGA, Chaves se ha negado a descartar la exploración de gas natural, aunque ha dicho que no cree que la perforación de petróleo tenga perspectivas a largo plazo. Desde que asumió el cargo, el ministro de Medio Ambiente, Franz Tattenbach, ha reafirmado la posición de Chaves.
“El gas natural podría ser un poco interesante como un combustible de transición”, dijo Tattenbach en una entrevista con La República.
Zarandeando al MINAE
El 30 de junio, Chaves presentó la propuesta de ley, Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía.
Este proyecto de ley propone cambios estructurales, entre ellos la eliminación del Consejo Regional de Áreas de Conservación (CORAC), la junta directiva de los Parques Nacionales y la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica del Medio Ambiente. Este proyecto de ley reformaría la estructura administrativa del Parque Nacional Isla San Lucas y del Parque Nacional Recreativo de las Playas de Manuel Antonio, el parque más nuevo del país. También derogaría la Ley 10173, que hace referencia al Parque Nacional Marino Ballena, en la Zona Sur de Costa Rica.
“Lo que pretendemos con este proyecto es implementar una reingeniería de la estructura de organización del MINAE, de forma tal que se recompongan y fortalezcan las competencias rectoras del Ministerio”, dijo Tattenbach.
La propuesta de reestructuración del MINAE ha sido criticada por diversas voces, a razón de que excluye a las instituciones, las comunidades, los pueblos indígenas y las universidades del proceso de toma de decisiones en materia ambiental.
Además, Tattenbach ha anunciado importantes recortes en el MINAE para 2023, incluyendo la reducción del presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en ₡1.129 millones (1,8 millones de dólares), con 0 dólares asignados al Parque Nacional Marino Ballena. Tattenbach también está impulsando un plan de concesión de servicios dentro de los Parques Nacionales.
“El desamparo de este Gobierno a la inversión en protección ambiental es EVIDENTE”, tuiteó Jonathan Acuña Soto, diputado del partido Frente Amplio en la Asamblea Legislativa.
Pesca de Arrastre en la mesa
Más recientemente, la anterior Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que permitiría la pesca de arrastre y que posteriormente fue vetado por el Presidente Alvarado. El veto fue confirmado por la Asamblea.
Tattenbach se ha mantenido consistente con la postura evasiva de Chaves sobre la pesca de arrastre durante la campaña, enfatizando la importancia de continuar los estudios.
“La pesca de arrastre con las técnicas tradicionales no la estamos estudiando, cuando yo me refería a nuevos estudios, era sobre nuevas artes de pesca, que podrían resultar no perjudiciales”, dijo Tattenbach.
Rechazo a Escazú
El Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre derechos de acceso en materia ambiental entre las naciones de América Latina y el Caribe, ha surgido como un tema importante en los últimos años. El tratado promueve el acceso público a la información, la participación ciudadana en la gobernanza ambiental y el acceso a la justicia ambiental. Incluye la primera disposición vinculante del mundo para proteger los derechos humanos de los defensores del ambiente. Aunque Costa Rica firmó el Acuerdo en 2018, la Asamblea Legislativa aún no lo ha ratificado.
Chaves se opuso abiertamente al Acuerdo durante la campaña electoral y su Administración ha mantenido esta posición. En una entrevista con El Financiero, Tattenbach dijo que cree que el Acuerdo de Escazú no aportaría nada a un país como Costa Rica, que ya tiene buenas protecciones para los derechos humanos y el ambiente, así como un mecanismo de evaluación de impacto ambiental. Tattenbach reiteró las preocupaciones del sector privado y consideró que el Acuerdo podría ser, en última instancia, “más perjudicial para la economía”.
Incertidumbre hacia Egipto COP27
Mientras que Costa Rica parece ir en la dirección equivocada en muchos asuntos nacionales y regionales, queda por ver cómo actuará en la COP27. Los primeros indicios apuntan a que Costa Rica trabajará para proteger su reputación en la escena internacional. En su primer viaje al extranjero, al Foro Económico Mundial, Chaves respaldó los compromisos medioambientales de Costa Rica y señaló los problemas de contaminación excesiva en los ríos, la falta de reciclaje y la no adopción de los principios de la economía circular.
“Costa Rica es un país que no va a echar para atrás en sus compromisos y en sus deseos de alcanzar neutralidad del carbono”, dijo Chaves.
En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este mes de septiembre, el Ministro de Asuntos Exteriores, Arnoldo André-Tinoco, señaló la vulnerabilidad climática de Costa Rica:
“La crisis climática y de pérdida de biodiversidad nos golpea sin piedad y sin distinciones. En Pakistán, Puerto Rico, República Dominicana y Costa Rica lo experimentamos hoy de primera mano. Sin embargo, somos los países más vulnerables quienes estamos intensificando nuestros esfuerzos, creando grandes áreas de protección y conservación y subiendo nuestra adaptación y mitigación, mientras los mayores emisores de carbono y responsables de la catástrofe climática siguen sin asumir sus obligaciones”.
Durante las negociaciones intersesionales de Bonn, en junio, Costa Rica mantuvo un perfil bastante bajo en la preparación de la COP27. Costa Rica se coordina con la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) que incluye a Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. La AILAC ha sufrido una importante agitación política con los nuevos gobiernos de Gustavo Petro, Gabriel Boric y Xiomara Castro, además de la Administración Chaves. Aunque es poco probable que Costa Rica cree grandes expectativas de cara a la COP27, las posiciones de la nueva administración sobre el tren eléctrico, la pesca de arrastre, la exploración de gas natural y el Acuerdo de Escazú, así como su plan para reestructurar el MINAE, podrían socavar la reputación del país en el extranjero.
