¿El gobierno de Costa Rica defiende la paz o traiciona nuestros valores con marcos de seguridad militar?
En un mundo atravesado por crisis climática, disputas energéticas y presiones extractivas, la defensa de la paz no es ingenuidad. Es una posición política necesaria. Y para Costa Rica, también es una obligación constitucional y un elemento básico de su ser.
Desde La Ruta del Clima, entendemos que el debate sobre la firma de declaraciones vinculadas a doctrinas de seguridad militar no puede separarse del contexto global en el que ocurren. Hoy, el planeta enfrenta una convergencia de crisis: cambio climático, escasez de recursos, transición energética y nuevas disputas geopolíticas por minerales estratégicos, territorios y rutas comerciales. En ese escenario, las narrativas de seguridad militar están volviendo a posicionarse como respuestas políticas dominantes.
Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando la seguridad se militariza, los territorios se vuelven espacios de disputa y las comunidades suelen quedar en el centro de esas tensiones. En muchos casos, la militarización ha sido utilizada para proteger intereses extractivos, asegurar rutas comerciales o garantizar el acceso a recursos estratégicos como petróleo, gas, minerales o incluso agua.
Acción Militar Continental de la mano de Trump
Costa Rica se encuentra nuevamente frente a una discusión que toca el corazón de su identidad política y constitucional. La reciente firma del ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, de la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, un documento militar promovido en un encuentro vinculado al Departamento de Guerra de Estados Unidos es motivo de alarma. Esta firma ha encendido un debate necesario sobre los límites de la cooperación internacional cuando esta se articula alrededor de doctrinas de seguridad militar y la intervención en nuestros territorios..
No se trata únicamente de un documento o de un acto diplomático menor. Se trata de la coherencia histórica de un país que abolió su ejército en 1948 y que, desde entonces, ha construido su legitimidad internacional sobre la defensa de la paz, el derecho internacional y la resolución pacífica de conflictos.
La historia constitucional reciente ya ofrece un precedente claro. En 2004, la Sala Constitucional resolvió el voto 2004-09992, mediante el cual declaró incompatible con la Constitución la adhesión del gobierno costarricense a la llamada “coalición de los dispuestos” que respaldó la invasión a Irak en 2003. La Sala señaló que el apoyo político a una intervención militar sin el aval del sistema multilateral contradecía los principios fundamentales del ordenamiento jurídico costarricense y su tradición pacifista. Ese fallo reafirmó que la política exterior del país no puede separarse de los principios constitucionales que prohíben la militarización como forma de política pública.
Nuevamente EEUU incita el militarismo en Costa Rica
Dos décadas después, el país vuelve a enfrentarse a una pregunta similar: ¿qué significa para Costa Rica adherirse a declaraciones de seguridad que promueven doctrinas basadas en la idea de “paz a través de la fuerza”?
Las palabras importan. Las doctrinas también. Cuando un país sin ejército se asocia con narrativas estratégicas de seguridad militar, no solo se abre un debate jurídico; se abre también un debate político sobre el modelo de seguridad que se está normalizando en la región.
La militarización rara vez ocurre en el vacío. A menudo aparece vinculada a disputas por recursos, territorios y control geopolítico. En un contexto global marcado por crisis climática, transición energética y presión sobre minerales estratégicos, la expansión de narrativas de seguridad militar en América Latina es una amenaza para la paz.
¿qué ocurre cuando el militarismo se cruza con territorios donde existen intereses de extracción?
La historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos de cómo la seguridad militar ha sido utilizada para proteger intereses económicos sobre territorios y comunidades. Frente a ese escenario, la región ha intentado construir alternativas políticas basadas en la desmilitarización. En 2014, los países de América Latina y el Caribe declararon la región como Zona de Paz en el marco de la CELAC, un compromiso impulsado activamente que buscaba precisamente evitar que las disputas geopolíticas globales se trasladaran al territorio latinoamericano.
Ese compromiso regional cobra aún más relevancia hoy. Si América Latina se proyecta como una zona de paz, también debe preguntarse qué significa adoptar discursos de seguridad que nacen en doctrinas militares externas a la región.
Para Costa Rica, esta discusión tiene un peso particular. La abolición del ejército no fue solo una decisión administrativa: fue un pacto político que definió la identidad democrática del país. Ese pacto permitió invertir en educación, salud y desarrollo social, al tiempo que posicionó al país como un referente internacional en diplomacia y resolución pacífica de conflictos.
Por eso, cuando decisiones de política pública parecen acercar al país a marcos discursivos de militarización, el debate no es solo institucional: es profundamente ético y político.
Costa Rica no necesita redefinir su identidad para enfrentar los desafíos de seguridad contemporáneos. Al contrario, su fortaleza histórica ha estado precisamente en demostrar que la seguridad puede construirse sin ejércitos, sin doctrinas de fuerza y sin alianzas militares.
¡No al militarismo en América!
Desde la perspectiva de la justicia climática, esto plantea una preocupación profunda. Las comunidades que viven en territorios biodiversos o ricos en recursos naturales ya enfrentan múltiples presiones: expansión de proyectos extractivos, impactos del cambio climático, desplazamientos y pérdida de medios de vida. La militarización de la seguridad puede agravar estas vulnerabilidades al priorizar la protección de intereses estratégicos por encima de los derechos de las comunidades y de la protección ambiental.
Por eso, desde La Ruta del Clima, sostenemos que la defensa de la paz no es solo un principio moral o diplomático. Es también una política ambiental y climática. La paz protege territorios. La paz protege comunidades. Y la paz crea las condiciones necesarias para que las soluciones climáticas se construyan desde la justicia, la participación y el respeto a los derechos humanos.
Una seguridad basada en la fuerza y la militarización, o una seguridad basada en la paz, la justicia climática y la protección de los territorios.
Para Costa Rica, la respuesta debería ser clara. Porque la paz no es una postura simbólica: es un compromiso constitucional, histórico y político que sigue siendo indispensable para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo.
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