Este aporte técnico, elaborado por 43 organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas, destaca los vínculos fundamentales entre los daños y pérdidas ocasionados por la crisis climática y las obligaciones de los Estados y actores internacionales en garantizar una respuesta justa, basada en derechos. El documento enfatiza la urgencia de implementar un enfoque centrado en las personas y comunidades afectadas, guiado por el principio de no causar daño y el acceso directo a fondos por parte de comunidades en situación de vulnerabilidad. Esta contribución conjunta busca informar la fase de arranque del Fondo para Responder a Daños y Pérdidas (FRLD), y garantizar que su diseño y ejecución se alineen con estándares internacionales de derechos humanos, equidad, participación significativa y justicia climática.