Los días de violencia y agitación en Chile condujeron al sorprendente anuncio que el presidente Sebastián Piñera dio este miércoles: su nación se retiraría de ser sede de la Conferencia Climática de la ONU de este año en Santiago, justo un mes antes de que se llevara a cabo.
Si bien, un aumento de 4 centavos en los precios del metro desencadenó disturbios, las protestas fueron el resultado de décadas de desigualdad masiva que se remontan al modelo económico implementado bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. La violenta represión de los manifestantes en Chile exacerbó la situación, causando que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, investigaran las denuncias de abusos contra los derechos humanos por parte de la Administración de Piñera.
La cancelación es lamentable, pero esto no debería detener el importante trabajo de la Conferencia Climática de diciembre. Los líderes mundiales deben intensificar y encontrar una nueva ubicación, sin demora.
Después de insistir en que la conferencia seguiría en pie según lo planeado, el anuncio de Chile de retirarse de la COP25 sorprendió a muchos, incluida la Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC, Patricia Espinosa.
«Hoy temprano, fui informado de la decisión del Gobierno de Chile de no albergar la COP25 en vista de la difícil situación que atraviesa el país», dijo Espinosa. «Actualmente estamos explorando opciones alternativas de alojamiento».
Si bien Chile quiere mantener la Presidencia de la Conferencia, no está claro dónde y cuándo se llevará a cabo la COP25.
«Estamos en guerra»
La actitud desdeñosa de la Administración Piñera hacia los derechos humanos ha sido muy problemática durante la planificación de la conferencia climática. La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dejó en claro que Chile no firmará el Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental regional entre las naciones de América Latina y el Caribe para proteger los derechos humanos de los defensores del medio ambiente y proporcionar acceso público a la información.
La indiferencia de Chile por los derechos de sus ciudadanos ha estado a la vista del mundo, para ver cómo la policía y las fuerzas militares chilenas han implementado una represión violenta contra los manifestantes. Desde que comenzaron las protestas, al menos 20 personas han muerto y cientos más han resultado heridas.
«Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin límites», dijo Piñera, dirigiéndose a la nación en una respuesta televisada.
La violenta respuesta de Piñera ayudó a desencadenar una investigación por parte de Bachelet, quien escribió:
«Habiendo monitoreado la crisis en Chile desde que comenzó, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos».
Costa Rica, poco probable para albergar COP25
La abrupta cancelación de Chile ha llevado las negociaciones de este año al caos, causando que la Secretaría de la CMNUCC se apresure a encontrar una nueva ubicación. Muchas personas están buscando liderazgo en Costa Rica, ya que fue sede de la conferencia PreCOP25 y se ofreció a organizar la COP25 luego de la retirada de Brasil después de la elección de Jair Bolsonaro. Tal como están las cosas, es muy poco probable que Costa Rica sea el próximo anfitrión, ya que el ministro de Medio Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, descarta la posibilidad.
“La cancelación de COP25 es lamentable. Esperamos su reorganización «, escribió Paola Vega Diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Sin embargo, Costa Rica, por mucho que quisiera, no tiene la capacidad de organizar un evento de este nivel en un mes. Ni siquiera un país del primer mundo podría. Una lamentable demora».
Sociedad civil chilena desairada
La decisión de Piñera fue un gran golpe para las organizaciones de la sociedad civil chilena, que esperaban llamar la atención sobre los problemas críticos en los que están trabajando.
La Sociedad Civil para la Acción Climática (SCAC), una plataforma que reúne a más de 130 organizaciones chilenas del mundo ambiental, movimientos territoriales, asociaciones profesionales, sindicatos y organizaciones políticas y académicas, emitió la siguiente declaración condenando a su gobierno:
“Rechazamos la decisión del presidente Sebastián Piñera de no llevar a cabo la COP25 en Chile. Esta importantísima cumbre sobre cambio climático constituía una gran oportunidad para relevar los problemas socioambientales que afectan a muchísimos habitantes y zonas del territorio nacional, así como para levantar algo del liderazgo perdido internacionalmente al restarse de importantes y necesarios acuerdos como la firma del Acuerdo de Escazú y el Pacto Migratorio».
El SCAC exhortó a Chile a abandonar su modelo extractivista y a abrazar los derechos humanos.
“Hacemos un llamado al gobierno a adoptar soluciones que nos lleven a superar el momento que vivimos como país, necesitamos reformas estructurales que al menos terminen con el modelo extractivista, hagan del agua un derecho humano asegurando su uso prioritario para consumo y mantención de los ecosistemas, se ponga fin a las zonas de sacrificio y se firme y ratifique el Acuerdo de Escazú.”.
Si bien el gobierno de Chile ha abandonado su papel de organizar una conferencia climática pacífica y productiva, es importante asegurarse de que las voces de la sociedad civil se escuchen en este momento crítico en la historia de Chile.
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