Participación ciudadana como eje de gobernanza frente al cambio climático en Ecuador.

El pasado octubre de 2016 el presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, informó los contenidos que integrarán la consulta popular impulsada por el Ejecutivo. Durante su espacio ‘El Gobierno Informa’, el Jefe de Estado rememoró que «nuestra Constitución dice en su primer artículo que la soberanía del país radica, reside en el pueblo; en la voluntad del pueblo ecuatoriano, que es el fundamento de la autoridad y que esa voluntad se ejerce a través de una participación directa».

En la consulta popular del 4 de febrero los ecuatorianos deberán decidir entre el SI o NO a siete preguntas de variados temas, dos de las cuales tienen directa implicancia en el tema del Cambio Climático. La primera de ellas es sobre incrementar la Zona Intangible del Yasuní a 50.000 hectáreas y  reducir la zona de explotación petrolera de 1030 ha a 300. El Presidente aseguró que su administración tiene la «obligación y el compromiso de defender ese espacio único y megadiverso, que es además el techo y el cobijo para varios pueblos y nacionalidades indígenas».

En Ecuador se determinará mediante Elección Popular el futuro de la minería en zonas frágiles y el Yasuní ITT, la mayor reserva petrolera del país.

Recordemos que el Gobierno de Ecuador desde el 2007 al 2013 estuvo promoviendo la Iniciativa Yasuní-ITT, durante el mandato de Rafael Correa, que condicionaba el mantenimiento de la Zona Intangible decretada en 1998 por el gobierno de Jamil Mahuad en un sector del Parque Nacional Yasuní ubicado entre los cuadrantes de exploración petrolera Ishpingo, Tiputini y Tambococha. La zona intangible fue decretada en el gobierno de Mahuad con el propósito de no interferir en los territorios de los grupos aborígenes no contactados en la Amazonía de Ecuador y mantener la reserva de la biósfera alejada de la explotación petrolera que se realiza en varias zonas de la selva amazónica ecuatoriana. Durante el gobierno de Correa se propuso condicionar una parte de la zona intangible amazónica con un mecanismo de compensación por el ingreso no percibido al no explotar los recursos petroleros y la contribución de mantener el crudo bajo tierra al mercado de carbono. Esta compensación sería realizada por la comunidad internacional al estado ecuatoriano bajo los criterios de la economía ecológica, la economía ambiental y la economía de recursos naturales.

Según la Iniciativa Yasuní ITT el estado ecuatoriano se comprometía a dejar bajo tierra, de forma indefinida, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo en la reserva ecológica del Yasuní, para evitar la emisión a la atmósfera, de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono — que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles — a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional por una fracción del valor estimado por el 50% de las utilidades que percibiría si se diera la explotación de este recurso (unos 350 millones de dólares anuales). Los fondos captados por esta operación se reinvertirían en el Ecuador en tres líneas: manejo de 19 áreas protegidas, un programa de reforestación nacional y el cambio de matriz energética. El 15 de agosto del 2013, el gobierno de Rafael Correa dio por terminada la Iniciativa y señaló el inicio de la explotación petrolera en la zona. El presidente anunció que un 0.1% del parque nacional se usará para la extracción petrolera, es decir 10 kilómetros cuadrados (1000 ha), lo que se estima generará alrededor de 18.000 millones USD (600 millones de dólares anuales durante 30 años). Ahora mediante la consulta popular los ecuatorianos decidirán si se incrementa la zona intangible en al menos 50 mil hectáreas y si se reduce la zona de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Yasuní, de 1030 hectáreas a solo 300 hectáreas.

La otra pregunta tiene que ver sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Moreno recordó que el país debe tener una minería responsable, que respete las normas ambientales y sociales, y que no afecte «ni nuestros ecosistemas frágiles, ni nuestro hábitat». Si los ciudadanos de Ecuador se deciden mayoritariamente por el SÍ, se agregará un segundo inciso al artículo 407 de la Constitución quedando el siguiente texto: “Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”, además que se sustituirá el artículo 54 del Código Orgánico de Ambiente por el siguiente texto: “De la prohibición de actividades extractivas en áreas protegidas y zonas intangibles.- Se prohíben las actividades extractivas de hidrocarburos y minería no metálica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal, salvo la excepción prevista en la Constitución, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones pertinentes de este Código. Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”. Es importante señalar que en zonas mineras de Ecuador como los territorios de Zaruma, Portovelo, Piñas, Nambija entre otros se han venido viviendo destacados impactos negativos ambientales, sociales y económicos en las últimas décadas.

La adecuada información en conjunto con el llamado a la conciencia harán que los ecuatorianos tomen la mejor decisión respecto al medio ambiente, decisión que será un referente en la región y el mundo de participación ciudadana en pro de la mitigación al Cambio Climático.

Fuentes:

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/lenin-moreno-convoca-a-consulta-popular-de-siete-preguntas

https://www.puce.edu.ec/economia/docs/pub/ITT.pdf