Agua

El Agua tiene un largo camino en Costa Rica

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El agua tiene un largo viaje para llegar al mar y en Costa Rica también ha tenido un largo camino en la Asamblea Legislativa. La primer Ley de Agua de Costa Rica se creó en el año 1884 y estuvo vigente durante 58 años. En agosto de 1942, el país creó una nueva norma, Ley de Agua número 276,  74 años después la misma norma sigue en pie a pesar del avance en el tiempo, crecimiento de la población y de los cambios sustanciales en el uso del agua que ha tenido la sociedad Costarricense.

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Foto: Pixabay

El contexto y las presiones que se ejercen hacia el recursos hídrico y la dinámica de dependencia que tiene la sociedad costarricense evidentemente han cambiado pero la norma que regula este aspecto tan crucial para la naturaleza, sociedad y la economía no ha avanzado: un punto enroscado de la política legislativa costarricense. La ley vigente de agua fue creada en el año 1942 y ha sido reformada en varias ocasiones durante estos 74 años.

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La situación en el país respecto a la regulación del agua es expuesta de manera clara por la Contraloría General de la Republica (CGR), “(…) el marco legal vigente en materia de recurso hídrico es disperso, lo cual, ha creado vacíos e incongruencias en los mandatos relacionados con el agua. Propuestas para revertir esta situación se encuentran como parte de los planteamientos consignados en el Proyecto de Ley nro. 17742 “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico” (…)”  

Algunos hechos respecto a la actual ley del agua en Costa Rica:

  • Ley vigente con más de 74 años.
  • Al menos 10 leyes que crean instituciones con diferentes competencias en materia de recurso hídrico
  • Aproximadamente 35 cuerpos normativos que inciden de forma directa o indirecta en la gestión del recurso hídrico. (CGR)

El proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídirico ingresó a la Asamblea Legislativa el 24  de mayo del 2010 bajo la Ley de Iniciativa Popular Nº 8491. Un elemento interesante de esta propuesta es que se forma bajo la lógica de la iniciativa popular que busca “recuperar normativamente el concepto de ciudadanía, al reconocer que la participación política va más allá de la elección de representantes y que los derechos políticos se pueden manifestar de una forma más intensa en la vida política de la comunidad por medio de los instrumentos de la democracia semidirecta.” (Fuente)

Esta propuesta de ley fue sujeta al trámite legislativo y fue votada en Primer Debate en el Plenario el día 31 de marzo del 2014. El 22 de abril de 2014 se remitió a la Sala Constitucional una consulta legislativa facultativa de constitucionalidad por múltiples motivos. En lo referente a aspectos ambientales la propuesta de ley le fueron dictaminados ciertos problemas constitucionales.

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La Sala Constitucional amparada en los Principios de No Regresividad de los Derechos Fundamentales y Progresividad de los Derechos Humanos estableció que se suponía una inconstitucionalidad por parte del proyecto de ley en algunos aspectos. Específicamente se refirió al artículo 29, 30 y el transitorio XI del proyecto de ley, en los que se propone una reducción de la superficie de las áreas de protección sin tener un sustento técnico o científico que lo respalde.

En el artículo 29 inciso a) del proyecto de ley 17.742 en trámite se reduce la protección del “área que bordee los manantiales permanentes, definida en un radio de veinte metros (20m) de modo horizontal a partir del manantial como punto de referencia. Además del área anterior, será área de protección la comprendida por un semicírculo definido por un radio de doscientos metros (200m) (..)” Lo cual es muy interesante porque es un cambio sustantivo de lo que originalmente decía la propuesta presentada por la ciudadanía en su artículo 34, ya que se reduce la protección actual de 200 mts de radio y 100 mts de modo horizontal, lo cual derogaría lo establecido en la norma vigente Art. 31 Ley de Aguas y 33 Ley Forestal. (Sala Constitucional)

Esta lógica fue señalada también por la Sala Constitucional respecto al artículo 29 inciso c) del proyecto de ley en trámite que cambió lo que originalmente se propuso por la ciudadanía en el artículo 34,  y resulta “que no distingue entre manantiales de flujo intermitente o permanente, que con la redacción final del proyecto se pasa a proteger únicamente a los manantiales de flujo intermitente. Dejando desprotegidos a los de flujo permanente e implicando con ello una evidente reducción en los flujos protegidos.”(Sala Constitucional)

Esta regresividad de la protección se reitera:

  • El artículo 29 inciso d) de la propuesta de ley en trámite  propone una reducción de la franja de protección a 5 metros y un área de protección mayor cuando se determine apropiado. Lo cual es menor de los 15 mts en zona rural y 10 mts en zona urbana que propuso la ciudadanía (Art. 34 propuesta original) y que establece el artículo 33 de la Ley Forestal Vigente.
  • El artículo 29 inciso e) de la propuesta de ley en trámite  propone una reducción a (50m) medida horizontalmente en las riberas de los lagos y las lagunas naturales, y de quince metros (15m) en el caso de embalses artificiales construidos por entes privados o por el Estado, de los 50 metros que propuso la ciudadanía (Art. 34 propuesta original) y que establece el artículo 33 de la Ley Forestal Vigente.
  • El Art. 34 propuesta original de la ciudadanía propone una franja de protección de 20 metros de la ribera de los humedales tales como manglares, pantanos, turberas, esteros, entre otros, pero el artículo 29 inciso f) del proyecto de ley en trámite establece excepciones para las construcciones en las ciudades, las zonas urbanizadas y en aquellas zonas o áreas donde se hayan autorizado, desarrollado, instalado o construido caminos, calles u otra infraestructura de uso o servicio público. Esto nuevamente representa una reducción a la protección del proyecto original que no está sustentada por un informe técnico o científico.
  • El  transitorio XI del proyecto de ley en trámite pretende permitir a los sujetos que sin importar si tienen un título que justifique la ocupación de un terreno ubicado en una zona de protección de cauces, puedan declarar el uso que desarrollen y puedan continuar su actividad, si lo declaran dentro de los 6 meses posteriores a la publicación de la nueva ley. Además, este uso de suelo que declararon no se les podrán modificar.  La Sala Constitucional dijo que “ésta norma resulta inconstitucional, al permitir consolidar una situación de ocupación en zonas de protección del recurso hídrico, sin estudios, ni documentos debidamente autorizados por las autoridades competentes. La jurisprudencia de la Sala, es clara en reconocer el derecho al agua como un derecho fundamental, siendo así que junto con la realización de esfuerzos serios para su otorgamiento a la población, existe el deber de las instituciones públicas de hacer un uso responsable y prudente del recurso hídrico disponible. Lo anterior, conlleva la necesidad de adquirir certeza del agua susceptible de explotación –disponibilidad- garantizando su otorgamiento presente y la futura sostenibilidad del servicio, evitando que con la utilización actual del recurso se produzca un riesgo ambiental que comprometa la existencia y dotación futura del líquido.” Este es talvez el esfuerzo más agresivo para vulnerar la tutela del recurso hídrico dando una carta en blanco para la asignación de usos sin el respaldo de estudios y poniendo en riesgo al ambiente y la sociedad.
  • El  artículo 128.a) del proyecto de ley en trámite también propone derogar en su totalidad la Ley de Aguas número 276 vigente, lo cual se ha señalado que ocasiona un problema, ya que no se sustituye todo el contenido. Se ha dejado por fuera por ejemplo lo tutelado por el artículo 31 de la Ley de Aguas (276) que creó áreas de reserva de dominio a favor de la Nación para la protección de las fuentes de agua. Si bien la Sala Constitucional no pudo manifestarse en este detalle por no haberse incluido en la consulta detalladamente, si menciona que debe “existir certeza sobre el motivo por el que se deroga una norma de tanta trascendencia”.

Es claro que hubo una motivación para reducir la protección sin sustento objetivo. Sin embargo, el proyecto de ley 17.742 tiene aspectos positivos que rescatar como el hecho que “considera la construcción participativa y consulta pública para la formulación de políticas, planes y reglamentos de recurso hídrico, con sustento en criterios técnicos, ambientales, legales, económicos, financieros o de cualquier otra rama que propone se establezcan vía reglamento” (CGR)

El proceso en la Asamblea Legislativa continúa. El 20 de julio del 2016 se dió la lectura de la Sentencia de la Consulta Facultativa y el 26 de noviembre de 2014 la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, en la Sesión Ordinaria N.º 4 , recomendó acoger lo mencionado por la Sala Constitucional y que este proyecto fuera enviado a la comisión dictaminadora para que se subsanen los vicios. La tramitación de este proyecto debió darse dentro de los 2 años que establece la Ley de Iniciativa Popular Nº 8491 pero llevamos 7 años, y aunque no invalida el proceso, si representa un vicio significativo y debilita el derecho de participación ciudadana. El proceso legislativo respecto a este proyecto de ley continúa su lento avance hacia una nueva tutela del recurso hídrico y con las ansias de no celebrar el cumpleaños numero 75 de la Ley de Aguas vigente.

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Notas:

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=11950&nValor3=91553&strTipM=FN

http://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/presentacion_del_sr._jose_m._zeledon.pdf

http://www.nacion.com/nacional/politica/Dudas-ultima-hora-frenan-aguas_0_1574242585.html

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=17742

http://www.asamblea.go.cr/glcp/Votos%20de%20la%20Sala%20Constitucional/Consultas/17.742/CONSULTA%20FACULTATIVA%20EXP.%2017.742%20%2029-4-14.pdf

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