Centroamérica se encuentra entre las regiones más vulnerables del planeta frente a los impactos del cambio climático. Huracanes cada vez más intensos, sequías prolongadas, inundaciones recurrentes, pérdida de biodiversidad y destrucción de medios de vida están generando daños y pérdidas profundamente arraigados en la vida cotidiana de millones de personas. Estos impactos no solo afectan la economía local, sino también la salud, la cultura, la espiritualidad y la continuidad de los territorios.
A pesar de contribuir mínimamente a las emisiones globales, las comunidades rurales, costeras e indígenas de la región están pagando el costo más alto de una crisis climática que no provocaron. La injusticia es estructural: los países que más han emitido gases de efecto invernadero no han asumido plenamente su responsabilidad histórica, mientras que Centroamérica continúa enfrentando impactos cada vez más severos sin los recursos ni las condiciones para recuperarse.
Frente a esta realidad, las organizaciones centroamericanas han impulsado en los últimos años una agenda regional de reparaciones climáticas, que reconozca el derecho de las comunidades a ser reparadas por las pérdidas irreversibles que ya sufren. Esta agenda apuesta por un enfoque que combina justicia ambiental, derechos humanos y la voz directa de quienes viven día a día las consecuencias del cambio climático.
En este contexto, se convocó a una conferencia de prensa , cuyo propósito es elevar las voces comunitarias, presentar evidencia desde los territorios y visibilizar las demandas urgentes de reparación. Se trata de un espacio dirigido a periodistas, tomadores de decisión, organizaciones aliadas y actores internacionales que reconocen la urgencia de avanzar hacia mecanismos reales y efectivos de justicia climática.
La conferencia abordó temas clave como el derecho a la reparación, la acción regional para incidir en foros globales como la COP, la responsabilidad histórica y diferenciada de los países emisores, las pérdidas humanas y espirituales que no suelen ser incluidas en los informes oficiales, y el rol indispensable de las comunidades como sujetas políticas, defensoras de sus territorios y generadoras de soluciones.
