En un triunfo prometedor para la justicia ambiental y los derechos humanos, la Cámara de Diputados de Argentina votó a favor de ratificar el Acuerdo de Escazú el 25 de septiembre. Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el primer tratado ambiental de la región, a uno menos de las 11 ratificaciones necesarias para que entre en vigor. Fuerza.
Esta noticia llegó en la misma semana en que los presidentes de El Salvador y Chile rechazan el tratado antes de la fecha límite para firmar, el 26 de septiembre. Al mismo tiempo, Belice y Dominica firmaron el Acuerdo, convirtiéndose en las naciones 23 y 24 en hacerlo.
La firma del Acuerdo es el primer paso hacia la ratificación. El desafío ahora es conseguir que un país signatario más lo ratifique.
Estas últimas semanas muestran una profunda división sobre el Acuerdo. Si bien el voto de Argentina, así como las firmas de Belice y Dominica representan importantes pasos hacia adelante, los rechazos de los presidentes Sebastián Piñera de Chile y Nayib Bukele de El Salvador muestran una falta de reconocimiento de la importancia de este tratado por parte de algunos sectores.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú es un tratado ambiental regional entre naciones de América Latina y el Caribe y surge de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). El tratado busca permitir el acceso público a la información, promover la participación ciudadana en la gobernanza ambiental y brindar acceso a la justicia ambiental. Incluye la primera disposición vinculante del mundo para proteger los derechos humanos de los defensores del ambiente.
El Acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica y se abrió a la firma en septiembre de ese año. Aunque 24 de las 33 naciones de la región han firmado el tratado, solo 10 lo han ratificado. Como se indica en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, la ratificación indica el consentimiento de un estado en obligarse por un tratado.
Las protecciones proporcionadas a los defensores del medio ambiente son particularmente importantes para América Latina. Casi dos tercios de los 212 asesinatos de ambientalistas en el 2019 tuvieron lugar en América Latina, incluidos 64 solo en Colombia. Brasil (24), México (18), Honduras (14) y Guatemala (12) también fueron países particularmente peligrosos para los defensores el año pasado.
Si bien Argentina firmó el acuerdo en septiembre de 2018, fue solo en agosto de este año que el Senado de Argentina se movió para ratificar el acuerdo en una votación unánime de 70 a 0. El voto de la Cámara de Diputados confirmó la ratificación del tratado.
La votación se realizó bajo una fuerte presión de las organizaciones de la sociedad civil.
“En Argentina hemos vivido en los últimos dos años un gran incremento del activismo ambiental sobre todo de la mano de los jóvenes,” apuntó Micaela Tomasoni, gerente de programas de educación y concientización de la ONG Sustentabilidad Sin Fronteras. “Movimientos como Fridays for Future Argentina y Jóvenes por el Clima lograron poner en agenda las problemáticas ambientales y por sobre todo demostrar el interés de este sector en lograr cambios reales en la política nacional. La juventud acompañada de organizaciones que ya cuentan con una trayectoria significativa en la lucha de las cuestiones ambientales han logrado resaltar la firma del Acuerdo haciéndolo llegar a toda la sociedad».
Con una población de 45 millones, Argentina es, por mucho, la nación más grande que ha ratificado el Acuerdo hasta la fecha y da esperanzas de que el Acuerdo alcance las 11 ratificaciones necesarias en los próximos meses.
“Argentina ha avanzado en la regulación y defensa de derechos ambientales y derechos humanos sobre todo en los últimos años», dijo Tomasoni. «Contamos con legislación que enmarca estos derechos pero aún nos encontramos en una fase en la cual estamos adecuando los mecanismos para dar acceso real. Sin duda debemos mejorar los instrumentos de acceso a información, y consecuentemente el acceso a la justicia ambiental».
Chile y El Salvador rechazan el tratado
Chile, que presidió la conferencia climática de la ONU (COP25) en diciembre pasado y aún mantiene la presidencia de la COP, ha sido una de las nueve naciones de la región que no firmaron el acuerdo. Si bien jugó un papel decisivo en la redacción del acuerdo durante la presidencia de Michelle Bachelet, las cosas han dado un giro dramático bajo la actual administración.
Dirigiéndose a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, el canciller de Chile, Andrés Allamand, dijo que el Acuerdo «expone al país a demandas ante Tribunales Internacionales por problemas de interpretación de estas nuevas regulaciones».
La decisión de Chile fue recibida con desdén por grupos ambientalistas y de derechos humanos, que han criticado a la actual Administración por demostrar un liderazgo «irresponsablemente débil» mientras presidía las negociaciones climáticas del año pasado y participaba en abusos a los derechos humanos durante las protestas en el país.
“El rechazo de Chile al Acuerdo, habiendo sido uno de los países que impulsó el mismo, en mi opinión, muestra que en el país aún hay grandes problemas en torno al acceso real de los ciudadanos a los derechos que se enmarcan dentro del Acuerdo,”dijo Tomasoni.
En el caso de El Salvador, el presidente Bukele objetó algunas cláusulas que, según dijo, no se ajustaban a la realidad de El Salvador, como una razón para no firmar el acuerdo. Esto a pesar de que el artículo 23 del tratado establece explícitamente que no se podrá formular reservas.
La decisión de Bukele fue decepcionante, pero no sorprendió a quienes han dado seguimiento a la situación. El presidente ha puesto en peligro los derechos humanos en repetidas ocasiones.
“Es un argumento lamentable triste que solo revela que realmente no toma en serio la discusión y el análisis de Escazú,” dijo César Artiga, el coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú de El Salvador. «El Salvador se perdió un gran oportunidad. El presidente ha demostrado su falta de compromiso y su falta de interés en el ambiente».
Mientras El Salvador y Chile emitieron refutaciones antes de la fecha límite del 26 de septiembre, los embajadores de Belice y Dominica ante las Naciones Unidas firmaron el tratado durante el 75º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estos movimientos de última hora se suman al impulso para la ratificación.
Si bien la pandemia de COVID-19 parece haber frenado el progreso, hay motivos para el optimismo. Países como Costa Rica y México parecen estar acercándose a la ratificación.
“Esperamos que la visión regional se incline a la ratificación del acuerdo y no a su rechazo. Aguardamos con ansias el onceavo país que ratifique el Acuerdo para lograr la entrada en vigencia. Se debe entender que es un paso histórico para la región y no debemos dejar pasar este momento,” dijo Tomasoni.
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