- Nuevo marco jurídico internacional, La Corte Interamericana de Derechos Humanos respalda a las comunidades frente a la crisis climática
- Decisión histórica empodera a comunidades a exigir acción climática y justicia
En un momento decisivo para la justicia climática, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido la Opinión Consultiva No. 32, estableciendo un precedente sin igual sobre las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos.
Esta decisión histórica reconoce que la emergencia climática representa una amenaza directa, profunda y sistémica a los derechos humanos. Enfatiza que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas concretas, urgentes y basadas en la ciencia —incluyendo la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, la protección de ecosistemas clave y la rendición de cuentas a los grandes contaminadores— para prevenir daños irreversibles y proteger la vida, los territorios y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
La Opinión Consultiva 32 es el resultado de un proceso amplio y participativo, que incluyó más de 260 amicus curiae y la intervención de más de 160 delegaciones de Estados, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Esta diversidad de voces reafirma la urgencia de una acción climática con enfoque de derechos, equidad y justicia intergeneracional.
Se ha reconocido la necesidad de integrar los derechos humanos en las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático y la urgencia, para todos los Estados, de reparar daños y pérdidas asociados con los efectos adversos del cambio climático.(Véase párrafo 205)
Adrián Martinez de la Ruta del Clima, indicó que: “La corte con este resultado establece un piso mínimo de lo que debe tener la acción climática en las políticas nacionales y la gobernanza internacional del cambio climático para cumplir con los derechos humanos, para que las comunidades puedan reclamar y acceder a justicia y donde el daño sea reparado.”
¿Qué significa esta decisión?
- Para los Estados, reafirma que no actuar frente al cambio climático puede constituir una violación a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Deberán ahora demostrar coherencia entre sus compromisos climáticos y sus políticas económicas, energéticas y ambientales.
- Para las comunidades, especialmente aquellas en primera línea de la crisis, esta decisión ofrece una herramienta poderosa para exigir justicia, reparación y participación efectiva en la toma de decisiones. Promueve el reconocimiento de saberes ancestrales y empodera sus luchas con legitimidad jurídica internacional.
- Para los grandes contaminadores, esta Opinión Consultiva podría marcar el inicio del fin de la impunidad. Al reconocer que los derechos humanos pueden ser vulnerados por la inacción o las acciones de actores públicos y privados frente al cambio climático, se fortalece el camino hacia la rendición de cuentas corporativa.
Aunque proviene de una Corte regional, el impacto de esta decisión no se limita a las Américas. La Opinión Consultiva 32 contribuirá a moldear las expectativas globales sobre cómo los Estados deben responder a la crisis climática desde un marco de derechos humanos. Es una señal poderosa para los foros internacionales, los tribunales nacionales y las comunidades de todo el mundo que luchan por justicia climática.
Desde La Ruta del Clima, celebramos esta decisión como una victoria colectiva, fruto del esfuerzo sostenido de movimientos sociales, comunidades y defensores y defensoras del clima. Seguiremos trabajando para que esta herramienta impulse acciones reales, ambiciosas y justas ante la crisis climática global.
Contacto para medios:
Nombre: Jennifer Rojas
Cargo: Especialista en Relaciones Públicas e Incidencia
Correo: jennifer.rojas@larutadelclima.org
Teléfono: +50688141088
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