La represión de las manifestaciones en Chile, que iniciaron la semana pasada, ya han dejado un saldo de más de 18 personas muertas, 376 heridas, cientos de desaparecidos y 2128 detenidas. También, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile registró relatos de abuso sexual y violación contra mujeres, tortura, violencia física y verbal contra detenidos y detenidas, además, de denunciar irregularidades por parte del ejército en cuanto a la transparencia en las cifras de personas muertas, detenidas y heridas. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya manifestó su condena y rechazo ante esta situación  y hace un llamado al Estado chileno y a todas las partes involucradas a entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, en el marco democrático del Estado de Derecho. Inclusive la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha decidido enviar una misión de verificación para investigar las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, la Sociedad Civil por la Acción Climática y sus organizaciones miembros también manifestaron un rechazo a la violencia del Estado chileno y hacen un llamado a entablar el diálogo. 

Este es el contexto en Chile, que dentro de pocas semanas será el país anfitrión en COP25, el evento más importante a nivel mundial en el que se discute un tema que debe estar totalmente vinculado a los derechos humanos: cambio climático. Chile ostentará la Presidencia de esta cumbre cuyo rol es de servir como guía y país líder en los esfuerzos del Acuerdo de París. 

Sin embargo, no cabe liderazgo ni llamados de ambición climática, sin el respeto a los derechos humanos. Los reclamos populares piden justicia social y reflejan la queja contra la apropiación ilegítima de los bienes comunes como el agua, el aire, el mar y los bosques para el beneficios de unos cuantos. La violencia, suspensión de derechos e intervención militar con las que ha respondido el gobierno chileno al clamor popular no son aceptables. Chile no está demostrando cumplir con los mínimos requerimientos de un país que respeta la soberanía democrática y los derechos de su pueblo.

Ante esta situación, La Ruta del Clima hace un llamado al Gobierno Chileno para que respete los derechos humanos y establezca un diálogo en las vías democráticas. Reiteramos que la acción climática solo puede darse dentro de un enfoque de derechos humanos y que esta debe ser una condición inexorable para que el gobierno de Chile pueda asumir la Presidencia de la Cumbre Climática. Se deben restablecer las garantias constitucionales y el respeto a la democracia para que pueda realizarse la Cumbre Climática COP25.

Los tiempos oscuros del militarismo y la decadencia anti-democrática no pueden tomar raíces en Latinoamérica y los foros internacionales no pueden prestarse para validar estas situaciones. Respaldamos el llamado de las organizaciones chilenas a que el gobierno abra el diálogo, reestablezca el pleno Estado de Derecho, deponga la medidas de fuerza como el Estado de Emergencia y el Toque de Queda y que propicie los cambios políticos que se requieren para que funcione un sistema democrático que goce de la legitimidad necesaria. Y de igual forma, llamamos al Gobierno de Costa Rica a que siendo consecuente con el respeto a los derechos humanos, no dé su anuencia a una conferencia climática si el contexto de violencia contra la ciudadanía se mantiene.