Mientras la COP31 pone sobre la mesa la reducción de las emisiones de metano, Costa Rica sigue enfrentando un problema que lleva años sin resolverse: la gestión de sus residuos orgánicos. Nuestra nueva investigación revela las brechas entre los compromisos del país y su implementación.
Costa Rica es reconocida internacionalmente por sus esfuerzos de descarbonización. Sin embargo, hay un sector que sigue quedando rezagado en la política climática nacional: la gestión de residuos. En 2021, apenas un 5 % de los residuos orgánicos del país se destinó al compostaje. El resto representa un enorme potencial desaprovechado para reducir emisiones.
El problema va mucho más allá de la acumulación de residuos. Cuando los residuos orgánicos terminan en rellenos sanitarios y se descomponen sin oxígeno, liberan metano (CH₄), un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global aproximadamente 80 veces mayor que el dióxido de carbono en el corto plazo.
Aunque el sector energético sigue siendo la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del país, con el transporte como uno de sus mayores responsables, los residuos representan un desafío creciente. Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, las emisiones del sector residuos se duplicaron con creces entre 1990 y 2017.
La diferencia es aún más evidente al observar específicamente el metano: en 2017, el sector residuos emitió 95,46 gigagramos (Gg) de CH₄, casi 25 veces más que el sector energético, con 3,841 Gg. Únicamente el sector agrícola registró una cifra ligeramente superior, de 101,04 Gg, principalmente por la fermentación entérica del ganado.
Las metas existen, pero ¿dónde están los resultados?
En nuestra nueva publicación, Costa Rica y los Residuos Orgánicos: Metano en fuga, analizamos los compromisos nacionales, las políticas públicas y los principales obstáculos para reducir las emisiones de metano provenientes de los residuos orgánicos. La investigación combina el análisis de documentos oficiales con entrevistas a personas expertas en gestión de residuos y cambio climático.
Los resultados dejan en evidencia una contradicción: Costa Rica cuenta con leyes, planes y metas para mejorar la gestión de residuos, pero su aplicación sigue siendo desigual.
La Contribución Nacionalmente Determinada (CND 3.0) establece el objetivo de aumentar el tratamiento de residuos orgánicos a un mínimo de 100.000 toneladas anuales para 2030 y 154.000 para 2035. Sin embargo, la cantidad tratada actualmente ronda apenas las 42.000 a 45.000 toneladas al año.
La investigación identifica obstáculos que van desde la falta de financiamiento e infraestructura hasta la escasez de datos y las diferencias en las capacidades de las municipalidades. En algunos cantones ya existen programas de compostaje, mientras que en otros la gestión de residuos orgánicos continúa sin recibir la atención necesaria.
Como advierte una de las representantes de ACEPESA entrevistadas para el estudio: «a veces, tenemos muy buenas leyes y muy buenos instrumentos, pero, a la hora de la hora, no se aplican».
Y es precisamente ahí donde está el problema. No basta con establecer metas si no existen los recursos, las responsabilidades y los mecanismos de seguimiento para cumplirlas.
COP31: reducir el metano requiere más que promesas
La gestión de residuos también ocupa un lugar en la agenda internacional. Durante la COP31, celebrada en Antalya, Turquía, la reducción del metano se aborda mediante diálogos ministeriales e iniciativas relacionadas con los residuos, los rellenos sanitarios y el desperdicio de alimentos.
Este debate no es nuevo. En la COP26, celebrada en 2021, se lanzó el Global Methane Pledge, una iniciativa que busca reducir las emisiones mundiales de metano al menos un 30 % para 2030, respecto a los niveles de 2020.
Costa Rica se sumó a esta iniciativa desde sus inicios. Sin embargo, el compromiso es voluntario y no establece obligaciones jurídicamente vinculantes. Además, el objetivo del 30 % es colectivo y global, no una meta nacional específica para cada país participante.
Cinco años después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo se traducen estos compromisos internacionales en reducciones reales de emisiones?
Desde La Ruta del Clima consideramos necesario avanzar hacia compromisos internacionales jurídicamente vinculantes, acompañados de metas nacionales concretas, mecanismos de seguimiento transparentes y responsabilidades claras. La reducción del metano no puede seguir dependiendo únicamente de la voluntad política de cada gobierno.
Costa Rica tiene que pasar de las metas a la acción
Los resultados de la investigación muestran que reducir las emisiones de metano provenientes de los residuos orgánicos es posible. Las soluciones técnicas existen, pero requieren decisiones políticas y recursos para llevarlas a la práctica.
Costa Rica necesita fortalecer la separación de residuos desde su origen, ampliar la recolección diferenciada y garantizar infraestructura para su tratamiento. También es indispensable invertir en educación ambiental, apoyar a los gobiernos locales y establecer sistemas que permitan medir y verificar las reducciones de emisiones.
Esto no puede recaer únicamente en las municipalidades ni trasladarse a la responsabilidad individual de los hogares. El Gobierno central debe asumir un papel activo en la coordinación, el financiamiento y la supervisión de las medidas, junto con los gobiernos locales y demás actores involucrados.
En un momento en que la capacidad de los rellenos sanitarios está llegando a sus límites, continuar enterrando residuos orgánicos no es una solución sostenible. Cada tonelada que podría evitarse, aprovecharse o compostarse representa una oportunidad para reducir emisiones.
La COP31 debe servir para exigir mayor ambición internacional, pero también para cuestionar lo que está ocurriendo dentro del país. Costa Rica no necesita más compromisos que se queden en el papel. Necesita presupuesto, seguimiento y acciones concretas que permitan cumplir los que ya existen.
