La gobernanza climática y medioambiental de Costa Rica ha experimentado cambios significativos en el último año. En el último año, la sociedad civil costarricense ha sido testigo del descarrilamiento de la ratificación del Acuerdo de Escazú, de la cancelación del proyecto de tren eléctrico del Fondo Verde para el Clima, de la inclusión de decenas de especies marinas antes protegidas en la lista para su explotación comercial, del activo lobby y apoyo a la exploración de gas, de la falta de acceso a la información en materia ambiental y de la reducción a la mínima expresión de la Dirección de Cambio Climático.  

Estas duras desviaciones políticas se han tomado en medio de un aumento de la violencia, la desigualdad y la inflación económica en el país. La respuesta gubernamental han sido los esfuerzos por privatizar las instituciones públicas, debilitar las instituciones democráticas, amenazar a los periodistas y desregular las salvaguardas ambientales s. Una agenda violenta, patriarcal y populista parece dominar el enfoque de la actual administración para gobernar colocando a la democracia ambiental en un contexto calamitoso.