Por Fabián Peñaranda y Larissa Soto
El año 2020 quedará grabado en la memoria de cualquier comunidad dedicada al turismo en Costa Rica. Justo en el clímax de una de las temporadas más prometedoras para iniciar una nueva década, se afectaron como nunca antes los encadenamientos, y con ello, un fuerte golpe al producto interno bruto del país. Sin vuelos internacionales, visitantes con movilidad reducida, proveedores paralizados, y muchas veces, empresas sin conocimiento sobre las demandas del turismo nacional, quedó clara la necesidad de que el sector sea más resiliente a nivel económico, social y ambiental.
En este contexto, ¿cuál es la relevancia del polémico Acuerdo de Escazú para el sector turismo de Costa Rica?
Entre 2014 y 2018, Costa Rica y Chile lideraron del desarrollo de un instrumento internacional de vanguardia: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (en adelante, como se le conoce más, Acuerdo de Escazú). El instrumento está respaldado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y ha sido visto con buenos ojos por representantes de la OCDE, el BID, el Banco Mundial y otros.
La firma y las ratificaciones llegaron poco a poco, hasta que el 22 de abril de 2021, entró en vigor, fruto de un proceso participativo amplio y del intenso trabajo de organizaciones de la sociedad civil.
El acuerdo sirve para hacer vinculante el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que habla sobre la participación pública en materia ambiental. La Unión Europea y 46 estados más de Europa y Asia Central lo hacen, desde hace 20 años, mediante el Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, conocido como Convenio de Aarhus.
Sin embargo, nuestro país no lo ratificó. ¿Qué pasó con Costa Rica, presidencia de la CEPAL, país que presidió las negociaciones, y que albergó en Escazú a las 22 naciones que firmaron en 2018?
El proyecto de ley para ratificar el acuerdo, a través del expediente 21.245, fue aprobado por unanimidad en primer debate por la Asamblea Legislativa en febrero de 2020, pero la Sala Constitucional detectó un vicio en la tramitación, que una vez resuelto, obligó a la Asamblea a reiniciar el proceso.
Y aquí estamos de nuevo. La diferencia es que ahora, producto del lobby de las cámaras empresariales, dos partidos políticos adelantaron que en la próxima ocasión votarían en contra. Pero quizá el momento más desconcertante fue cuando la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), “solicitó al Gobierno de la República desconvocar el proyecto”.
Es comprensible que existan preocupaciones sobre las implicaciones que acarrearía la ratificación del Acuerdo sobre las actividades productivas o económicas del país. Para ello, existen materiales que han generado especialistas en derecho ambiental y público, con el fin de revisar los mitos más comunes.
En esa línea, es importante destacar que nada de lo dispuesto en el Acuerdo limita o deroga otros derechos y garantías más favorables que ya existan en el ordenamiento jurídico de Costa Rica. En nuestra legislación ya se reflejan la mayoría de principios y estándares del Acuerdo. Además, al estar basado en la cooperación y en el fortalecimiento de capacidades, establece que su implementación debe ser gradual y progresiva. El Acuerdo, además, no incluye sanciones para los Estados Parte, salvo aquellas ya previstas en la legislación interna de cada uno de ellos.
El acuerdo viene siendo como un código de vestimenta que prepara a una persona para un tour, en el que finalmente, dentro de sus posibilidades, utilizará su propia ropa a su estilo, pero siguiendo una orientación que le permitirá disfrutar su experiencia de la mejor manera, y con seguridad.
Silencio ante Escazú: un disparo en el pie para el sector
Entonces, nos podemos preguntar ¿por qué es útil y necesario para el sector turismo, que Costa Rica ratifique el Acuerdo de Escazú? Aquí brindamos tres claves:
- Gestión participativa de los atractivos turísticos
La realidad turística de Costa Rica se desarrolla entre las olas de las playas y los colores de los bosques y volcanes. Es una serie de encadenamientos que vinculan comunidades agropecuarias, territorios indígenas, zonas costeras y el gran área metropolitana, en una red de servicios y operaciones turísticas.
Este patrimonio natural ha sido resguardado por comunidades que, históricamente, se han vinculado y se han desarrollado a partir de esos ecosistemas. En el paso de cuatro décadas, estos contextos se han transformado en destinos turísticos para el mercado nacional y extranjero.
Es así como desde finales del siglo 20, la actividad ha acompañado a las y los costarricenses, marcando senderos con el enfoque ecoturístico, que ha diferenciado y construido la imagen del país alrededor del desarrollo sostenible. La naturaleza se volvió aliada del discurso estatal para representar el “Pura vida” internacionalmente, en congresos, premios, iniciativas de acción climática y fondos verdes, aportando posicionamientos claves para discusiones globales.
Pero esto no viene de gratis, pues es mediante el esfuerzo y trabajo de las personas en los destinos turísticos, y de sus conocimientos sobre los recursos naturales, que muchas localidades han vuelto su mirada hacia la conservación de los ecosistemas, creando narrativas y atractivos que acercan al turista a estas experiencias.
De ratificarse el Acuerdo de Escazú el país podría, progresivamente, ofrecer protección y mejores herramientas para que las comunidades, los emprendimientos turísticos, e inclusive los negocios encadenados a él, apuesten por una gestión comunitaria del turismo y la conservación, en donde el clientelismo, la distribución desigual de poder o ingresos, no sean limitantes para la participación en la gestión del destino turístico, incluyendo sus atractivos naturales.
- Información para ampliar los beneficios
El acuerdo contempla una serie de medidas que facilitarían que las personas accedan a información relevante para poder desarrollar sus iniciativas turísticas dentro de un marco de sostenibilidad, y así asegurar su oferta.
Asimismo, si hay proyectos turísticos que se están viendo afectados por otra actividad dentro o fuera de la zona, las comunidades tienen mejores medios para conocer lo que está sucediendo y dentro del ordenamiento del país, tomar las medidas respectivas para atender la problemática.
Con todo ello, no quiere decir que no habrá protección para la información confidencial o sensible de la empresa privada. Tanto en la legislación costarricense, como en antecedentes constitucionales, existe todo un régimen de excepciones del derecho al acceso a la información ambiental. Eso se contempla en el Acuerdo de Escazú (Artículo 5). Así, por ejemplo, el secreto comercial o económico de las empresas acerca de determinadas ideas, productos o procedimientos industriales y sus estados financieros, crediticios y tributarios, quedaría protegido.
- Resiliencia ante crisis futuras
Haciendo una comparación entre el puntaje CVIT (índice de vulnerabilidad al cambio climático para el turismo), y la importancia relativa de la actividad para la economía, se ha determinado que Costa Rica es un país altamente vulnerable. Ya se ha planteado la necesidad de que se fortalezca el marco jurídico y a las instituciones encargadas de encarar la adaptación, los daños y las pérdidas. Para esto, la democracia ambiental debe profundizarse, no retroceder.
Con el cambio climático se proyectan transformaciones ambientales en los próximos 50 años, lo que llevará a impactos directos en los negocios con severas consecuencias. Por ejemplo, en materia de redistribución y extinción de especies, expansión de enfermedades tropicales, cancelación de tours por condiciones atmosféricas difíciles y el deterioro de sitios de interés ecoturístico.
Actualmente, las y los empresarios turísticos poseen muy poca, o nula, información sobre escenarios o proyecciones de cambio climático en su región. Si tuvieran un mejor acceso a ella, podrían proteger sus negocios, adaptarse y prepararse para los impactos que ya están llegando.
Se trata de que este acuerdo vendría a reforzar el Estado de derecho ambiental, otorgando coherencia al marco normativo interno que es abundante, disperso y fragmentado. De este modo, le ayudaría al país a cumplir los compromisos ambientales asumidos a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como las obligaciones ante la OCDE, los tratados de libre comercio y los acuerdos de asociación suscritos. Todo esto ampliará la seguridad jurídica, favoreciendo la inversión nacional y extranjera.
Cuidar la gallina de los huevos de oro
El discurso ecoturístico ha acompañado al sector desde sus inicios. Claro está que no todas las empresas y proyectos trabajan desde ese enfoque. Pero al distanciarse y posicionarse ajenos a la justicia ambiental y climática, están ignorando que sus iniciativas turísticas sí hacen uso de los recursos naturales para las campañas publicitarias, y que la demanda y los nuevos perfiles de visitación, buscan comprometerse con experiencias vinculadas a destinos sostenibles.
El sector turismo puede ignorar la crisis climática y ecológica, poniendo en peligro su continuidad, o bien, puede tomar un papel activo. Al ratificar el Acuerdo de Escazú, y dar pasos importantes en su implementación, Costa Rica tendrá un mejor marco legal para la transparencia, que contribuirá al desarrollo de proyectos, cumpliendo y ajustándose a estándares comerciales globales y regionales. Eso constituye un gran atractivo para el mercado internacional.
Apoyar el Acuerdo de Escazú, y la conservación de ecosistemas, favorece el mercadeo de turismo sostenible, consciente y preparado para hacerle frente a las realidades climáticas y las nuevas tendencias de turista. Y no sólo eso, invertir en conservación y en justicia climática, es proteger nuestra reputación, es apoyar a las comunidades que resguardan nuestros recursos y es promover principios para una mejor educación ambiental.
El paisaje de Costa Rica no puede ser una mera fotografía para el turismo. Debe recobrarse el verdadero sentido de la sostenibilidad. No sólo se trata de minimizar los impactos ambientales, sino que se debe asegurar una asignación socialmente justa de recursos dentro y entre diferentes generaciones, lo que además aporta a la reactivación y diversificación económica. La sostenibilidad requiere procesos de toma de decisiones justos y transparentes, que se adapten a las condiciones locales específicas. Si las empresas están en contra de eso, de la justicia distributiva y procedimental, entonces no son verdaderamente sostenibles. El “ecoturismo” no tendría significado ni atractivo real.
