El pasado lunes 24 de febrero de 2020, el recuperante de tierras indígenas Jehry Rivera Rivera fue asesinado en el territorio indígena de Térraba, en la zona sur de Costa Rica. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) denunció la inacción del Estado ante las amenazas y los ataques que se recibieron en los días previos.

Jehry Rivera fue herido de gravedad en el año 2013 cuando se oponía a operaciones de tala ilegal en el territorio de Térraba.  Además, aún no se esclarece el caso del líder bribri Uniwak de Salitre, Sergio Rojas, asesinado el 18 de marzo de 2019.

Según la información aportada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las medidas cautelares emitidas en 2015, un 80-88% del territorio indígena Brorán de Térraba estaría ocupado por no-indígenas.

Los pueblos indígenas en primera línea

Los países de América Latina son altamente dependientes del sector primario, su economía provee de materias primas a los mercados globales y esto ejerce una gran presión sobre los recursos que se encuentran en zonas con poblaciones en situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas y campesinos que enfrentan barreras para ejercer su ciudadanía y que se respeten sus derechos fundamentales. En ese sentido, hay una relación entre vulnerabilidad social y degradación ambiental. 

Como señala el Environmental Justice Atlas, entre los 20 países con el mayor número de conflictos socioambientales, 9 son latinoamericanos, mientras que Global Witness señala que un 60% de las muertes de defensores de la tierra y el medio ambiente registradas en 2017 ocurrieron en la región, con grandes porcentajes de impunidad.

América Latina tiene países con fragilidad democrática, débil gobernanza de los recursos naturales, problemas de institucionalidad, marcos regulatorios poco pertinentes, insuficiencia de la capacidad del estado, discriminación y exclusión social. A pesar de algunos esfuerzos, ninguno de estos problemas es completamente ajeno a Costa Rica.

En el mundo, alrededor de 70 millones de personas indígenas dependen de los bosques, y son los recursos más expuestos a la variabilidad y a los extremos climáticos. Al mismo tiempo, son claves para impulsar una economía regenerativa frente al cambio climático. Aunque sólo representan un 5% de la población mundial, protegen en sus territorios el 80% de la biodiversidad del planeta. 

De ahí que se requiera particularmente un adecuado y amplio acceso a la información, participación, acceso a la justicia, y protección a defensores de derechos en materia ambiental. Sólo en esa medida se puede asegurar una adecuada mitigación y adaptación al cambio climático.

Así también se podrá resguardar la biodiversidad, ya que más de un tercio de la tierra ocupada por los pueblos indígenas en Centroamérica cubre tierras y aguas protegidas. Esto incluye corredores biológicos, parques nacionales, zonas protectoras y áreas de amortiguamiento.

Además de los servicios ecosistémicos, la biodiversidad es clave en los planes de descarbonización y en el turismo. Es decir, no podemos hablar de desarrollo, de conservación, ni de cambio climático sin hablar de los derechos y de la agencia de los Pueblos Indígenas.

Conflictos en Térraba

En el caso concreto de Térraba, en las últimas semanas, mujeres Brorán lideraron la recuperación de las fincas Camino de la Pava, Cancha Rayada y Tierra de Agua, con el fin de emprender su restauración ecológica y protección del agua.

“La Justicia Climática reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y su derecho a controlar sus tierras, incluidos los territorios y los recursos subterráneos, y el derecho a la protección contra cualquier acción o conducta que pueda resultar en la destrucción o degradación de sus territorios y forma de vida cultural”

Principio 20 de los Principios de Bali sobre Justicia Climática.

¿Qué podría ser diferente con el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico regional vinculante que regula y promueve el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia y la protección de los defensores en asuntos ambientales. 

Este tratado promete mayor participación de las personas en la toma de decisiones, lo que reduciría los conflictos socioambientales en el contexto de la crisis climática y ecológica que enfrentamos. Para la sociedad civil involucrada en el proceso, este es el resultado de un trabajo de muchos años promoviendo el acceso a la información y el pleno acceso a la justicia ambiental.

¿Qué hace especial a este instrumento? Se destacan tres elementos:

• Disposiciones específicas sobre los defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental, sin precedentes en la región y en el mundo.
• Enfoque de derechos para pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
• Interpela a las empresas en cuanto al respeto de los derechos humanos en sus actividades.

Se necesita que tres países más ratifiquen el Acuerdo para que las y los ciudadanos de los países puedan utilizarlo. En el caso de Costa Rica corresponde a la Asamblea Legislativa. Ahí, el proyecto de Ley bajo el expediente 21.245 se aprobó en primer debate el pasado 13 de febrero, y está pendiente la aprobación definitiva.

El Acuerdo reitera la obligación que ya tienen los Estados de proteger la vida de todos y todas las ciudadanas del país, y particularmente subraya que se deben proteger las vidas de las personas más vulnerables. El artículo 9, por ejemplo, habla de tomar las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de sus derechos. 

Se espera que el Estado reconozca el proceso de recuperación de tierras la relación clara entre justicia ambiental y cambio climático. Ante esto, el Acuerdo de Escazú es un paso más para contar con la participación plena de todos y todas, en especial de aquellos que heredarán la determinación y la fuerza de Jehry Rivera.